La defensa del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha planteado serias dudas sobre la autenticidad de un documento que lo identifica como propietario de una de las empresas involucradas en un escándalo de corrupción.

Hoy, 29 de junio, Cerdán se presenta ante el Tribunal Supremo como imputado, en el marco de una investigación derivada de un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este informe liga a Cerdán con el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García, en el centro de una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de contratos de obras públicas.

El llamado “informe Cerdán” fue hecho público el pasado 12 de junio, lo que llevó a Cerdán a presentar su dimisión como secretario de Organización del PSOE ese mismo día, así como a anunciar su renuncia al acta de diputado, que formalizó posteriormente el 16 de junio.

El juez del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, le había ofrecido la opción de declarar de manera voluntaria el 25 de junio, antes de obtener el permiso necesario del Congreso para proceder con la investigación. Sin embargo, al dimitir de su cargo parlamentario, Cerdán perdió el aforamiento, lo que permitió al magistrado citarlo como imputado y programar su declaración para hoy, otorgándole más tiempo a su abogado para preparar su defensa.

Fuentes cercanas a la defensa afirman que Cerdán está dispuesto a ofrecer su testimonio para clarificar los “indicios consistentes” que apuntan a su posible implicación en delitos de organización criminal y cohecho. Además, su defensa intentó que el Supremo permitiera la retransmisión en vivo de su declaración para garantizar la “transparencia”, pero esa solicitud fue rechazada, ya que contraviene la secrecía de la fase de instrucción.

Tras su declaración, el juez evaluará la posibilidad de imponerle medidas cautelares, como ya ha hecho con otros imputados en el caso, entre los que se encuentran Ábalos y Koldo. A estos se les ha prohibido viajar fuera de España y se les ha retirado el pasaporte, además de tener que comparecer regularmente en los juzgados.

A raíz de las nuevas evidencias vinculadas a las presuntas irregularidades en contratos de obras públicas, el juez Puente decidió revisar las medidas de control sobre Ábalos y Koldo, e incluso se ha solicitado prisión provisional para ellos a instancias de la acusación popular, que está representada por abogados del Partido Popular.

En su reciente comparecencia, Ábalos, quien se encuentra ante el juicio por tercera vez en este caso, ha declarado que no se reconoce en los audios presentados en el informe de la UCO, sugiriendo que podrían estar manipulados. Por su parte, Koldo optó por guardar silencio en su segunda comparecencia.

Cerdán, al igual que Ábalos, ha declarado públicamente que tampoco se identifica en dichos audios, lo que indica que podría repetir esta línea de defensa durante su declaración ante el Tribunal Supremo.

El escándalo de corrupción ha llevado a Ábalos y Koldo a reconsiderar sus tácticas legales. Según informaciones legales, ambos se encontraron deliberando sobre sus opciones hasta el último momento previo a sus comparecencias.

Axel Ábalos, al inicio de su actuación, manifestó su intención de cooperar con la justicia, aunque se mostró visiblemente abrumado y afirmó que no se sentía en condiciones de ofrecer un testimonio claro en ese momento. Sin embargo, una confesión similar a la de De Aldama podría servirle para mitigar su pena en futuras decisiones judiciales. Hasta ahora, las fuentes del fiscal han indicado que no ha habido colaboración por su parte.

La inclusión de Cerdán en el 'caso Koldo' surge del informe de la UCO, que se basa en grabaciones realizadas por Koldo entre 2020 y 2023, así como en intercambios de mensajes a través de WhatsApp entre los involucrados.

Los investigadores aseguran que la supuesta trama se estableció en 2015, en Navarra, donde tanto Cerdán como Koldo tienen su base de influencia, y se expandió a medida que su relevancia política fue creciendo. Según la UCO, el papel de Cerdán en estas supuestas corruptelas fue variable; mientras que cuando Ábalos y Koldo escalaron posiciones, su rol pareció disminuir a convertirse en un simple gestor de "pagos".

La Guardia Civil ha señalado que los contratos bajo investigación fueron otorgados a las constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR), y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Se estima que las comisiones ilegales obtenidas de Acciona podrían alcanzar los 620.000 euros, aunque aún quedarían pendiente de pago unos 450.000 euros. “Voy a ir a por todo”, advirtió Cerdán.

Un punto crucial en el interrogatorio será un contrato que la UCO encontró en el registro del empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola, que indica que Cerdán adquirió un 45% de la empresa Servinabar por 6.000 euros en 2016, un año después de que comenzara la supuesta trama.

Este contrato ha sido objeto de controversia, ya que la defensa de Cerdán argumenta que es un simple acuerdo privado que nunca formalizó su estatus legal, lo que lo dejaría sin efecto. A pesar de esto, el Consejo General del Notariado aclara que tales documentos, aunque no sean públicos, generan efectos entre las partes firmantes.

Las audiencias de otros imputados en el caso continuarán el próximo viernes con la comparecencia de empresarios vinculados a OPR y LIC, mientras que el 7 de julio será el turno de Alonso Egurrola y un ex directivo de Acciona Construcción. El camino de la justicia en este caso promete ser largo y lleno de sorpresas.