Fecha: 16 de octubre de 2023 - PAMPLONA

En un significativo pronunciamiento, Alberto Longás, presidente del comité de empresa de TCC, la entidad encargada del Transporte Urbano Comarcal (TUC), ha dejado claro que el reciente "principio de acuerdo" anunciado por la compañía no es más que una propuesta que han evaluado, afirmando que no refleja un consenso real. Este comentario surge en el contexto de la creciente tensión laboral que han estado enfrentando los trabajadores.

Longás enfatizó que, aunque la propuesta fue sometida a referéndum, la decisión de los empleados fue clara: apoyar la huelga. A pesar de que los resultados fueron ajustados, desde el comité de empresa han decidido respetar la voluntad de la plantilla, programando paros parciales para los días 23, 24, 30 y 31 de octubre, así como el 6 y 7 de noviembre.

Durante una conferencia de prensa, junto a otros miembros del comité, Longás subrayó la importancia de alcanzar un "convenio digno" para los trabajadores. Más allá de una mejor compensación económica, destacó la necesidad de mejorar las condiciones laborales, abarcando aspectos como el descanso y los turnos de trabajo, que son fundamentales para el bienestar de la plantilla.

El líder sindical también hizo un llamado a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, enfatizando su rol crucial en la supervisión del servicio. "Son ellos quienes establecen los horarios y tiempos de los recorridos", indicó, mostrando la necesidad de un mayor compromiso por parte de esta entidad para garantizar un servicio adecuado.

Longás reafirmó la disposición del comité para dialogar: "Hemos estado abiertos a la negociación y continuaremos así. Ayer solicitamos una nueva reunión con TCC Moventis para avanzar hacia la firma de un convenio". Inclusive, adelantó que algunos miembros del comité están dispuestos a viajar a Barcelona para presentar sus demandas directamente a los dueños del grupo.

Al ser cuestionado por los medios sobre la respuesta a la solicitud de reunión, Longás admitió que aún no han recibido noticias. "No sabemos si se sentará a conversar o si pedirá que se suspendan las huelgas, estamos a la espera", comentó, reflejando la incertidumbre que rodea el proceso.

El presidente del comité criticó que la propuesta presentada por la empresa es "cerrada", sugiriendo que debe haber un enfoque más flexible. Explicó que durante la reunión de julio con la Mancomunidad, se acordaron ciertos puntos clave para la negociación que ahora deberían ser el foco de las conversaciones).

Longás también expresó el deseo del comité de reunirse con el presidente de la Mancomunidad para discutir las condiciones laborales que son de su competencia, señalando que "muchas" de las mejoras que se requieren dependen de esta entidad. "La Mancomunidad juega un papel crucial en este conflicto", insistió.

A pesar de que se ha discutido la posibilidad de una gestión pública del servicio, Longás clarificó que el objetivo primordial del comité es negociar un convenio. Aunque muchos comparten la idea de la administración pública, reconoció que es un proceso que requiere tiempo, por lo que el enfoque en la negociación actual es lo más importante.

El sindicalista también tocó la respuesta de la Mancomunidad respecto a la potentialidad de una gestión pública, señalando que han mencionado que dicho proceso sería largo. A pesar de la apertura de la Mancomunidad para discutirlo, Longás insistió en que esto no resolvería los problemas inmediatos relacionados con la negociación del convenio.

En otro ámbito de la lucha laboral, Laura Molina, del sindicato LAB, denunció que la empresa había enviado una comunicación interna prohibiendo a los piquetes informativos del comité acceder a los autobuses para brindar información a sus compañeros sobre sus derechos. Molina describió la labor informativa de los piquetes como esencial para aclarar dudas y distribuir información sobre los servicios mínimos, lo que hace aún más grave la restricción impuesta por la empresa, que amenaza con abrir expedientes a los miembros del comité por llevar a cabo esta función.

Finalmente, Molina subrayó la gravedad de esta situación, afirmando que se vulneran derechos fundamentales en el contexto de una huelga, y que el comité ha denunciado activamente este ataque a la libre información laboral.