El 6 de marzo en Pamplona, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, expresó su sorpresa ante la reacción de los partidos Geroa Bai y PNV en relación al archivo del caso Davalor, acusando a ambos de no ser completamente honestos en sus declaraciones.

Durante una rueda de prensa, Ibarrola hizo hincapié en que organizaciones como el Tribunal Supremo, el Tribunal de Instrucción de Pamplona, la Audiencia de Navarra, así como la Fiscalía y la Policía Nacional, habían encontrado elementos que sugerían actividad delictiva por parte de Ayerdi, exconsejero de Desarrollo Económico, implicándolo en delitos relacionados con corrupción y malversación.

La presidenta de UPN argumentó que la decisión de archivar el caso no se debió a la falta de pruebas, sino más bien a un error dentro del procedimiento legal. Ibarrola lamentó que un potencial escándalo de corrupción haya quedado cerrado no por una absolución, sino por una falla en el proceso judicial.

Ibarrola enfatizó que existían evidencias de delitos, lo que contradice las afirmaciones de que no había indicios de criminalidad, transformando el cierre del caso en una cuestión de fallo procedimental en lugar de una declaración de inocencia.

Además, la presidenta subrayó que tanto la Audiencia Provincial como otros cuerpos judiciales y de seguridad coincidieron en ver motivos para pensar que había indicios de prevaricación y malversación por parte de Ayerdi. A pesar de ello, la imposibilidad de avanzar en el juicio se debió, según ella, a un simple error procesal.