En una jornada marcada por el debate en el Parlamento de Navarra, la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, presentó un informe de la Fundación ONCE que refleja la situación laboral de las personas con discapacidad en la región. Maeztu resaltó que Navarra ocupa el séptimo lugar en términos de tasa de actividad para este colectivo, un dato que considera relevante y que, a su juicio, debería motivar más acciones en pro de la inclusión laboral.

A pesar de la valoración positiva de Maeztu, desde UPN le recriminaron su falta de ambición al calificar esta posición como “una gran posición”, señalando que debería aspirar a ser más competitiva. Las críticas surgieron en el marco de una interpelación promovida por el PPN, donde la consejera admitió que, a pesar de los avances, aún queda un largo camino por recorrer en cuanto a la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral.

Durante su exposición, la consejera enumeró diversas iniciativas y normativas implantadas para mejorar la empleabilidad de este colectivo. Entre ellas, destacó los 17 centros especiales de empleo existentes en Navarra, que ofrecen trabajo remunerado y que cuentan con una inversión significativa del Gobierno de Navarra, superando los 16 millones de euros. Estos centros, que actualmente emplean a cerca de 2000 personas, buscan facilitar la integración laboral de quienes tienen discapacidad.

Además, Maeztu puso énfasis en la reserva del 7% de plazas en el empleo público para personas con discapacidad y en un crecimiento del 43% en la atención hacia este sector en los últimos cinco años. No obstante, expresó su preocupación por la reticencia de muchas empresas a incorporar a personas con discapacidad, ya sea por desconocimiento o por la creencia errónea de que no pueden adaptar adecuadamente los puestos de trabajo.

Con el fin de cambiar esta percepción, el Departamento ha lanzado una campaña informativa en colaboración con Cermin y la Confederación Empresarial de Navarra, cuyo objetivo es sensibilizar a los empleadores sobre las ventajas y recursos disponibles para fomentar la inclusión laboral.

Maeztu concluyó afirmando que existe un plan consensuado para avanzar en la materia, aunque reconoció que aún persisten retos importantes que deben ser superados. Sin embargo, las críticas de la oposición, especialmente del PPN, subrayaron que a pesar de los esfuerzos realizados, la inclusión laboral de las más de 36,000 personas con discapacidad en Navarra continúa siendo una tarea pendiente.

Maribel García Malo, en representación del PPN, demandó una estrategia integral y ambiciosa que involucre a las propias personas con discapacidad en su diseño para lograr un avance real en sus oportunidades laborales. Las críticas también llegaron desde UPN, donde se alertó sobre la autocomplacencia de la consejera, recordando que ocupar el séptimo lugar no debería ser motivo de satisfacción, y sugiriendo que la comparación histórica podría ser mucho más grave.

Arantza Biurrun, del PSN, defendió la postura del Gobierno, enfatizando que la inserción laboral de las personas con discapacidad es prioridad en su agenda política, aunque reconoció que aún hay barreras que deben ser eliminadas. Mientras tanto, Txomin González de EH Bildu, señaló que, aunque se han realizado avances, aún se requiere un esfuerzo considerable para abordar los déficits existentes y garantizar la inclusión total.

Desde Geroa Bai, Isabel Aranburu destacó el progreso alcanzado en años anteriores, aunque enfatizó la necesidad de seguir avanzando. También aprovechó para instar al apoyo en el Congreso a una propuesta de ley que busca endurecer las sanciones para las empresas que no cumplan con la cuota de reserva de puestos para personas con discapacidad.

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, abogó por la justicia social y la igualdad de oportunidades para todos, haciendo hincapié en la importancia de escuchar las voces de quienes representan al colectivo de personas discapacitadas. Finalmente, desde el Grupo Mixto, Emilio Jiménez argumentó que las políticas actuales son insuficientes y que la situación laboral de las personas con discapacidad sigue siendo alarmantemente baja, demandando un enfoque más comprometido y eficaz frente a esta cruda realidad.