PAMPLONA, 16 de octubre.

El Parlamento de Navarra ha dado un paso significativo al aprobar la ley foral que impone un tributo sobre el margen de intereses y las comisiones que obtienen ciertas entidades financieras en la región. Esta normativa, que entrará en vigor en los ejercicios fiscales de 2025 y 2026, se enmarca dentro de una iniciativa estatal más amplia, y se espera que genere alrededor de 20 millones de euros para las arcas navarras.

La ley se ha aprobado con el apoyo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que UPN, PPN y Vox se han manifestado en contra, evidenciando las divisiones en torno a la política fiscal en la comunidad.

Esta legislación, presentada por el Gobierno de Navarra, busca regular el impuesto que afecta al beneficio de intereses y comisiones generados por los bancos y otras entidades financieras que operan en Navarra. El acuerdo entre el Gobierno navarro y el estatal facilita la inclusión de este nuevo tributo en el Convenio Económico vigente.

La base impositiva se calculará mediante un método de estimación directa, exceptuándose en los casos donde el balance sea negativo. Además, este impuesto no será deducible en el Impuesto sobre Sociedades ni en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

José Luis Arasti, consejero de Economía y Hacienda, enfatizó la “relevancia” de esta medida para fortalecer la autonomía fiscal de Navarra y dar más recursos para enfrentar los desafíos fiscales que se avecinan. También destacó la importancia del acuerdo entre la Comunidad y la Administración estatal.

Por otro lado, el parlamentario de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin, cuestionó la eficacia de la ley al apuntar que este tributo, proveniente de una normativa estatal, podría acabar repercutiendo en los usuarios de bancos, lo que generaría un impacto negativo en la población.

Ainhoa Unzu, portavoz del PSN, defendió la ley como un paso importante en la profundización del autogobierno y justificó la necesidad de grabar los beneficios de las entidades bancarias, sugiriendo que esto podría estar detrás del desacuerdo de UPN con la legislación.

Laura Aznal, portavoz de EH Bildu, celebró la creación del nuevo impuesto como una herramienta para reforzar la autonomía fiscal, reiterando que continuarían trabajando para lograr una independencia fiscal plena para Navarra.

Mikel Asiain, de Geroa Bai, subrayó que esta legislación respondía a una demanda histórica de su grupo, al mismo tiempo que lamentó la falta de avances en otros frentes, como el impuesto a las energéticas.

Irene Royo, del PPN, explicó que su oposición a la ley no representaba una negativa a la autonomía, sino un rechazo a lo que considera un incremento injustificado de la presión fiscal que podría dificultar el acceso al crédito para ciudadanos y empresas.

Desde Contigo-Zurekin, Miguel Garrido apoyó la ley argumentando que la justicia fiscal es crucial, subrayando que los trabajadores pagan significativamente más impuestos que los grandes capitales y empresas de la región.

Finalmente, Emilio Jiménez, portavoz de Vox, criticó la medida como un nuevo gravamen que intensifica la carga fiscal, sugiriendo que la proliferación de numerosos tributos no hace más que agravar la situación financiera de los ciudadanos, a quienes considera cada vez más agobiados por la presión fiscal.