El Gobierno de Navarra ha decidido dar un paso firme en la defensa de los intereses de la ciudadanía, al acordar su personación como acusación particular en la causa penal 003/0020775/2020, que actualmente está siendo tramitada en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Esta decisión se produce en respuesta a un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que menciona supuestas irregularidades en las licitaciones de obras públicas.

Ante la situación, el Ejecutivo ha señalado que varias de las empresas mencionadas en el informe han sido adjudicatarias de contratos públicos con el Gobierno foral, lo que provoca la necesidad de actuar. Según han argumentado, el Gobierno de Navarra podría haber sido víctima de las conductas delictivas que están siendo investigadas, lo que podría haber causado daños a la Hacienda foral, derivando de estas presuntas actuaciones ilegales en el ámbito de las licitaciones.

La presidenta María Chivite ha subrayado la importancia de esta acción como un medio para salvaguardar los intereses de los ciudadanos navarros. Esta medida se alinea con su compromiso de promover la transparencia, un valor que ha reforzado recientemente al ordenar tres auditorías que buscan garantizar un proceso claro y abierto, a pesar de que hasta el momento no se ha detectado ninguna ilegalidad en las adjudicaciones realizadas.

En la misma sesión extraordinaria, el Gobierno foral también realizó un análisis de la situación política actual, reafirmando su compromiso de seguir adelante con la agenda marcada durante el proceso de investidura. Chivite ha señalado la importancia de abordar cualquier posible duda que pudiera surgir sobre las adjudicaciones realizadas por su gobierno.

Con el fin de eliminar cualquier sombra de sospecha, la presidenta ha instado a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción a realizar un examen adicional sobre diversas iniciativas, como las promociones de vivienda protegida en Egüés y Ripagaina, la reforma del Archivo de Navarra, la adecuación de oficinas en el Navarra Arena, y la duplicación del túnel de Belate.

Además, se ha solicitado al Parlamento de Navarra el encargo de una revisión exhaustiva de estas iniciativas a la Cámara de Comptos, a excepción del contrato de Belate, que ya había sido objeto de un informe previo por parte de esta institución fiscalizadora. Recientemente, se ha agregado a esta lista la adjudicación del nuevo colegio público en Arbizu.

Por otro lado, en relación a la auditoría externa que se comprometió, el Gobierno ha informado que se están buscando las fórmulas técnicas más adecuadas para iniciar su licitación en el menor tiempo posible, destacando así su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.