PAMPLONA, 23 de octubre. En un fallo que resalta la importancia de la justicia y la protección de los derechos humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido una condena contra España por la gestión deficiente del caso de una presunta doble violación con sumisión química que tuvo lugar en Pamplona en 2016, el cual nunca llegó a ser juzgado.

El tribunal, que actúa como la máxima autoridad en cuestiones de derechos humanos dentro del Consejo de Europa, ha hecho pública la resolución en respuesta a una demanda presentada en noviembre de 2023 por dos jóvenes pamplonesas. Estas mujeres denunciaron que, tras sufrir una violación en diciembre de 2016, su conciencia y autonomía fueron anuladas mediante la administración de una sustancia química (burundanga), y que, a pesar de la gravedad de los hechos, el sistema judicial navarro archivó el caso sin celebrar un juicio.

A través de la sentencia, el tribunal ha constatado que se vulneraron los derechos fundamentales de las víctimas al no llevar a cabo una investigación adecuada y efectiva sobre un caso de violencia sexual. La investigación presentaba serias fallas, incluyendo la pérdida y manipulación de pruebas por parte de las autoridades, además de una tardanza excesiva en los procedimientos judiciales, aspectos que el abogado de las víctimas, José Luis Beaumont Aristu, ha resaltado en su comunicado.

En su dictamen, el tribunal de Estrasburgo critica con severidad la decisión de permitir el archivo del caso sin juicio, subrayando que numerosas pruebas recolectadas por la Policía Nacional desaparecieron misteriosamente en las instalaciones policiales. Esta situación ha agravado la vulneración del derecho de las víctimas a no sufrir tratos inhumanos y a la protección de su integridad física y moral, así como a un juicio justo.

La resolución, emitida por la unanimidad de sus miembros, señala específicamente que se han transgredido múltiples derechos cubiertos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y por el Convenio sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer. En consecuencia, el Estado español ha sido condenado a indemnizar a cada víctima con 20.000 euros, en compensación por el daño psicológico y moral sufrido, así como por 5.000 euros en gastos legales vinculados a este prolongado proceso judicial que finalizó en la instancia europea.

Los lamentables hechos que dieron origen a esta condena se registran en diciembre de 2016, cuando ambas mujeres salieron a socializar en un bar del casco antiguo de Pamplona. Alrededor de las dos de la madrugada, de manera inexplicable, perdieron toda conciencia de su entorno y, al recuperar el sentido, despertaron al día siguiente en un apartamento en Erripagaña, con contusiones y sin recuerdos sobre lo sucedido. Las circunstancias indicaban que habían estado involucradas en encuentros sexuales involuntarios e inconsentidos, un hecho que subraya la urgencia de revisar la respuesta del sistema judicial ante actos de semejante gravedad.