PAMPLONA, 15 de mayo. En una reciente sesión del Parlamento de Navarra, se desató un fuerte intercambio de opiniones en torno a la apertura de dos nuevos centros de acogida para menores migrantes en la Comarca de Pamplona. UPN criticó al Gobierno foral por no revelar la ubicación exacta de estos centros, una preocupación que fue desestimada por la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, quien defendió la medida en nombre de la protección de los menores.

Maeztu anunció que la semana próxima se inaugurará un nuevo Centro de Observación y Acogida (COA) y destacó que, en breve, se abrirá otro en Pamplona. La consejera subrayó que el Ejecutivo ha estado laborando durante meses en la búsqueda de alternativas residenciales en respuesta a la modificación de la legislación de extranjería, con el objetivo de habilitar hasta 100 nuevas plazas para acoger a menores.

Frente a las quejas de UPN sobre la falta de transparencia en la ubicación de los nuevos centros, Maeztu remarcó que la ley de protección de la infancia prohíbe divulgar información que pueda comprometer la privacidad de los menores. “He dejado claro que estarán en Pamplona y la Comarca. Pero dar más detalles sería imprudente”, advirtió.

La consejera cuestionó abiertamente el interés genuino de UPN, preguntándose si su preocupación se basa en prejuicios sobre la ubicación de los centros. “¿Acaso les inquieta que estos servicios estén en lugares que ellos gobiernan?”, propuso Maeztu, lanzando un desafío a la formación política.

La diputada de UPN, Cristina López, respondió con incredulidad al considerar que el secretismo del Gobierno es inaceptable. Señaló que mientras se anuncia la apertura de nuevos recursos, no se proporcionan datos vitales como su localización o características, lo que genera incertidumbre entre la población.

López también manifestó sus preocupaciones sobre la suficiencia de los nuevos espacios para atender las necesidades de todos los menores de manera digna y segura. Insistió en que el número de plazas anunciadas no es suficiente, destacando la saturación del sistema de atención a menores migrantes no acompañados, una situación que califica como crítica y desesperada.

En el debate, Emilio Jiménez, portavoz de Vox, aprovechó la ocasión para criticar lo que consideró una política de “puertas abiertas” que ha desencadenado un problema creciente. Cuestionó cuántos menores más podrían ser acogidos y planteó la necesidad de priorizar el sentido común en esta problemática. Según su perspectiva, los menores deben permanecer con sus familias y no ser trasladados a otro país, haciendo un llamado a considerar las necesidades sociales de la población local antes que las de los migrantes.