En Madrid, el 25 de mayo, el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, ha dado un paso importante al presentar una proposición no de ley que será discutida en la Comisión Constitucional. Su propuesta busca la ilegalización y disolución de asociaciones que realicen apología del terrorismo o que ensalcen a los terroristas, argumentando que "el culto a ETA y a sus terroristas aún no ha desaparecido".

El parlamentario expresó su preocupación al señalar que resulta inaceptable que existan colectivos que glorifican el terrorismo y organizan eventos para rendir homenaje a los terroristas. Según Catalán, esto se traduce en una falta de respeto hacia las víctimas del terrorismo, quienes no solo han sufrido la pérdida de seres queridos, sino que ahora deben enfrentar el ultraje de ver a sus verdugos siendo celebrados.

El diputado recordó las atrocidades cometidas por ETA, que dejó un saldo de 853 muertes, así como miles de heridos y un legado de amenazas y extorsiones que todavía persiste. Asimismo, mencionó el atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid, un acto de terrorismo yihadista que segó la vida de 193 personas e hirió a más de 1.761, subrayando la gravedad del problema del terrorismo en su conjunto.

Catalán también aludió a cifras alarmantes proporcionadas por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE), que ha compilado un registro de incidentes en los que se ensalza a terroristas: 158 en Vizcaya, 145 en Guipúzcoa, 60 en Navarra, 24 en Álava, 23 en otras provincias y 11 en el extranjero, principalmente en el sur de Francia.

El diputado denunció el hecho de que en celebraciones populares y eventos importantes, así como en calles y plazas de Navarra y el País Vasco, se estén utilizando estos contextos para exaltar la figura de ETA y sus integrantes, tanto fallecidos como encarcelados. También criticó la decisión de algunos ayuntamientos de difundir en sus redes sociales mensajes de apoyo a los presos de ETA, calificándolos incluso como "presos políticos".

Debido a esta alarmante situación, Catalán ha instado al Gobierno a modificar la Ley Orgánica 1/2002, que regula el derecho de asociación, para que se incluya como motivo para disolver una asociación aquellas actividades que promuevan el terrorismo, ya sea exaltando a ETA o a cualquier otra organización terrorista, y cuando se menosprecie a las víctimas o se incentive al odio y la violencia en su contra.