PAMPLONA, 25 de junio. La Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha tomado la decisión de llevar ante el Parlamento de Navarra la propuesta de disolver la sociedad pública Nafarbide. De acuerdo con las declaraciones de este grupo político, el contexto actual, marcado por sospechas de corrupción, exige extremar los controles en la contratación de inversiones públicas que ascenderán a más de 2.600 millones de euros en los próximos tres décadas.

Además, UPN ha señalado que el reciente informe de la Cámara de Comptos alerta sobre los riesgos que conlleva transferir tal volumen de inversiones a un ente instrumental que opera fuera de la supervisión administrativa habitual. “Implementar cambios de este tipo en un área tan delicada como la obra pública podría disminuir la normativa de control y, por ende, incrementar la posibilidad de irregularidades”, subrayan desde la formación regionalista.

UPN también destaca que fueron los únicos en expresar su rechazo a esta estrategia, la cual consideran una manera de evitar los controles públicos al ceder la gestión a Nafarbide. “Lo que ya suponía una causa de alarma, se convierte en una urgencia con las recientes denuncias de corrupción que rodean al gobierno de Chivite, especialmente en el departamento de Cohesión Territorial. No se deben implementar prácticas que puedan facilitar actos corruptos”, reza la nota de prensa del partido.

Para los regionalistas, esta situación ya justifica la continuación de la gestión de los contratos de infraestructura bajo el control de la Administración foral, sin trasladar la responsabilidad a una entidad creada con controversias. Además, han señalado que la fundación de Nafarbide se hizo en contra de las recomendaciones del servicio de patrimonio y de la intervención general, que argumentaron en contra de su creación.

Asimismo, UPN insiste en que la Cámara de Comptos ha destacado la falta de justificación en la creación de Nafarbide, así como los peligros de eludir los controles legales establecidos por la normativa vigente.

La formación regionalista ha expresado su preocupación tras un año de existencia de Nafarbide, durante el cual no ha tenido actividad ni tomado decisiones, a pesar de contar con un ex concejal socialista en su nómina, quien recibe un sueldo de 100.000 euros sin realizar ninguna función relevante.

La situación actual se define, según UPN, como la de una “sociedad fantasma”, ya que no hay información pública sobre Nafarbide y se está incumpliendo la Ley Foral de Transparencia.

Por todo lo anterior, UPN considera crucial disolver esta sociedad antes de que se inicien adjudicaciones millonarias de obras públicas sin los necesarios mecanismos de control previos.

Finalmente, han calificado de “sarcástico” que en un clima de sospechas sobre adjudicaciones con presuntos sobornos vinculados al Partido Socialista, Chivite busque desviar las contrataciones hacia una entidad controlada por un ex cargo del PSN.