En una reciente sesión del Parlamento de Navarra, celebrada este 30 de octubre, se aprobó una moratoria de un año sobre nuevos proyectos de biometano en la comunidad, una decisión que ha suscitado controversia y diferencias notables entre los grupos políticos. Los votos a favor provinieron de UPN, PSN y PPN, mientras que EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y Vox se manifestaron en contra de esta medida.

La moratoria surge como un resultado de una enmienda consensuada entre UPN y PSN, reemplazando la propuesta original presentada por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. Esta última tenía la intención de establecer un bloqueo de dos años en la aprobación de nuevas autorizaciones para plantas de biometanización que procesen más de 10,000 toneladas anuales, además de suspender otros expedientes en tramitación que no contaran con un visto bueno definitivo.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, no se contuvo al criticar al PSN, sugiriendo que su decisión de unirse a UPN significaba un cambio en la política del gobierno. Guzmán cuestionó la conveniencia de este acuerdo en el contexto de las negociaciones presupuestarias actuales, insinuando que colabora contra sus propios socios políticos.

Con la moratoria aprobada, se establece que el Gobierno de Navarra debe realizar una evaluación durante el próximo año sobre el desarrollo de los proyectos de biometano en la región y su alineación con la Agenda Navarra del Biogás 2030. Mientras tanto, no se aceptarán nuevos proyectos impulsados por ninguna entidad pública.

Además de los nuevos proyectos, se pondrán en pausa otros expedientes en trámite, a menos que hayan superado ciertas etapas administrativas. Sin embargo, aquellos con autorizaciones ambientales previas o que han sido catalogados como de interés foral no se verán afectados por esta suspensión.

La portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, enfatizó la importancia de la planificación en este ámbito, arguyendo que es fundamental definir el modelo agrario que se desea para Navarra antes de seguir adelante con más proyectos. La cantidad de solicitudes recientes le llevó a proponer una moratoria, argumentando que esto permitiría esperar a la creación de un decreto regulador que aborde la gestión de estiércoles.

Por su parte, Miguel Bujanda, de UPN, defendió la enmienda como una medida seria y necesaria para regular la proliferación de plantas de biometano. Resaltó que la propuesta de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin carecía de un modelo claro y respondía a intereses políticos más que a una reflexión honesta sobre la transición energética.

Carlos Mena del PSN se mostró a favor de regular el sector, aunque expresó su desacuerdo con la paralización de proyectos que están avanzando, resaltando la importancia de no alterar las reglas del juego cuando los proyectos ya están en marcha. Pidió que la regulación se haga en términos que brinden seguridad jurídica.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz criticó el nuevo modelo de plantas de biogás, argumentando que apunta a un enfoque más industrial y rápido del que considera que es perjudicial. Se mostró preocupado por la posibilidad de una ronda especulativa entre las empresas que buscan establecer nuevos proyectos.

Irene Royo, del PPN, coincidió en que la expansión de las plantas debe detenerse, pero abogó por una moratoria bien fundamentada que diferencie entre los diversos estados de los proyectos existentes, para evitar daños a ciudadanos y al territorio.

De manera similar, Carlos Guzmán de Contigo-Zurekin defendió que el interés general debe prevalecer sobre intereses privados y urgió a una regulación que asegure prácticas sostenibles y justas. Criticó la postura del PSN, sugiriendo que podría desestabilizar la cohesión del gobierno actual.

Finalmente, Emilio Jiménez, de Vox, no ocultó su desconfianza hacia el gobierno navarro y sus decisiones, sugiriendo que la propuesta actual es una demostración del desvarío político en el que se encuentran sus aliados.